A raíz de la reciente Sentencia nº 169/2024 del Tribunal Supremo Sala de lo Civil de fecha de 12/02/2024
Analizamos las opciones legales que se le abren a los perjudicados en casos de supuesta mala praxis en la asistencia sanitaria prestada por la sanidad pública, así como las restricciones que existen en el ejercicio de dichas opciones.
Para ello, se abordará la posición del Tribunal Supremo en relación con este tema, con el fin de proporcionar una mejor comprensión del pronunciamiento estimatorio del recurso interpuesto por la aseguradora del Hospital en la ultima sentencia del 12/02/2024
OPCIONES LEGALES PARA LOS PERJUDICADOS EN CASOS DE SUPUESTA MALA PRAXIS EN LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR LA SANIDAD PUBLICA
El Tribunal Supremo ha establecido explícitamente las opciones legales disponibles para los perjudicados en casos de ser víctimas de acciones dañosas causadas por la Administración. Estas opciones se resumen de la siguiente manera:
Acudir a la vía administrativa y posterior procedimiento contencioso administrativo
Una de las posibilidades legales que brinda el ordenamiento jurídico al demandante es formular la oportuna reclamación administrativa previa ante la propia Administración para obtener el resarcimiento del daño. Una vez finalizado el expediente con reconocimiento de la responsabilidad patrimonial y fijación de la indemnización correspondiente, se producen las consecuencias jurídicas siguientes, según lo establecido por el Tribunal Supremo en su jurisprudencia.
En caso de que la reclamación administrativa sea desestimada expresamente o por silencio administrativo, o cuando se considere insuficiente la cantidad fijada en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos, los perjudicados podrían cuestionar tal resolución administrativa ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Ejercitar exclusivamente la acción directa contra la compañía de seguros de la Administración ante la jurisdicción civil
Se puede prescindir de la vía administrativa y demandar exclusivamente a la compañía de seguros ante la jurisdicción civil, en el ejercicio de la acción directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS).
OJO. OPCIONES VEDADAS A LOS PERJUDICADOS
Si se ha elegido la vía administrativa, no es procedente acudir posteriormente a la vía civil para obtener el reconocimiento de la responsabilidad denegada o incrementar el importe de la indemnización fijada en vía administrativa, ya que ello supondría atribuir a los tribunales civiles facultades revisoras de los actos administrativos con clara invasión del ámbito propio de la jurisdicción contencioso administrativa.
Establece la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 12/02/224
"[...] cuando existe una sentencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo, que proclama mediante pronunciamiento firme, en proceso seguido contra la compañía como codemandada, que no existe responsabilidad patrimonial de la administración asegurada, la cual no puede renacer mediante la promoción de una acción ante la jurisdicción civil sobre los mismos hechos contra su aseguradora absuelta".
En definitiva, la acción directa por vía civil contra la compañía aseguradora de la Administración exige no haber acudido previamente a la vía administrativa, pues si el perjudicado se somete voluntariamente a ésta no puede posteriormente acudir a los tribunales civiles para obtener la revisión de actos administrativos.
Por otra parte, la constatación de la responsabilidad del asegurado es presupuesto básico para que pueda prosperar la acción directa ejercitada contra la entidad aseguradora (sentencias 20 diciembre 1989, 15 junio 1995, 469/2001, de 17 de mayo y 129/2022, de 21 de febrero, entre otras), de tal modo que la inexistencia de responsabilidad de la administración sanitaria (art. 73 LCS) excluye la obligación de la aseguradora.
En conclusión, es fundamental que los perjudicados conozcan las opciones legales que tienen a su disposición en casos de supuesta negligencia médica en la asistencia sanitaria prestada por la sanidad pública, así como las limitaciones y restricciones existentes en el ejercicio de dichas opciones.
El análisis detallado de las resoluciones del Tribunal Supremo proporciona claridad sobre este tema y contribuye a una mejor comprensión del marco legal aplicable en estas situaciones.